El 22 de octubre finalizó la Gira Nacional contra la represión y el terrorismo de Estado en el que participó el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), el Comité Popular de los Derechos Humanos (COPODDH). El 1 de octubre comenzó la lucha para identificar a víctimas y a sus familiares que estaban sometidos por la represión en Chiapas, con el objetivo de evidenciar las prácticas represivas y la tortura que la actual administración chiapaneca da continuidad y lleva acabo contra luchadores sociales y defensores de los derechos humanos.
Las conclusiones políticas que deja esta gira son las siguientes:
- En Chiapas se confirma el carácter transexenal de la política del terrorismo de Estado, la actual administración encabezada por Rutilio Escandón Cadenas da continuidad a la represión, tortura y crímenes de lesa humanidad, actos que caracterizó el sexenio de Manuel Velasco Coello.
La evidencia de ello se presenta en el testimonio de Javier González Díaz víctima de desaparición forzada, detención arbitraria y tortura; así como la de Armando Hernández Sánchez, víctima de detención arbitraria y tortura, desde el 17 de julio y 29 de septiembre del presente año respectivamente, ambos integrantes del FNLS.
El método de detención y tortura aplicadas contra su persona coincide con los cometidos contra Rodolfo García Gómez, Erasto, Guadalupe Wilfrido, Pedro Méndez Gómez ex presos políticos, víctimas de detención arbitraria como ocurrió en el sexenio pasado, con el mismo objetivo, doblegar la voluntad de luchar de nuestros compañeros.
La cifra de víctimas de la represión no se detiene, el informe del COPODDH muestra que, en sólo 10 meses, de diciembre de 2018 a septiembre del presente, se cometieron 9 ejecuciones extrajudiciales, 4 casos de tortura, desplazamiento forzado, despojos de tierras e intentos de ejecución extrajudicial, cifras que cada día aumentan.
2.- El gobierno chiapaneco es represivo, autoritario y antipopular, primero porque no dialoga, ni atiende las demandas populares, el único lenguaje que conoce es el de la represión, prueba de ello, son hechos represivos acaecidos recientemente contra estudiantes normalistas, y, segundo, porque hace de la ley un mecanismo para criminalizar e incriminar el descontento popular.
- La política de la administración que encabeza Rutilio Escandón Cadenas respecto al tema agrario, consiste en el despojo violento de tierras, con ello beneficia a un puñado de caciques, empresarios y deja al desamparo y sin hogar a miles de familias pobres. En este fenómeno es evidente su nulo interés por el respeto a los derechos humanos.
- Los funcionarios Ismael Brito Mazariegos, Jorge Luis Llaven Abarca y el gobernador como encargados de la política interna en Chiapas mantienen una ofensiva represiva contra nuestra organización y el conjunto del movimiento popular, la cual comienza con el asesinato político de nuestro compañero Mario Moreno López el 18 de junio de 2019, enseguida con la detención arbitraria de Javier y Armando, con las agresiones paramilitares en el ejido El Carrizal, Ocosingo, y con el intento de ejecución extrajudicial contra compañeros de Altamirano y Tuxtla Gutiérrez.
Recientemente continúa la ofensiva represiva con amenazas de desalojo y represión hacia compañeros de las comunidades 2 de Noviembre, en el municipio de Socoltenango, 20 de Junio, en el municipio de Venustiano Carranza, la Colonia Popular Ricardo Flores Magón en Tuxtla Gutiérrez, y la detención de dos compañeros el pasado 21 de octubre en el municipio de Chiapa de Corzo.
- El Estado mexicano viola sus propias leyes para cometer violaciones a los derechos humanos, la muestra es el caso de nuestros compañeros presos políticos Javier y Armando a quienes se les prefabricaron delitos para justificar su detención, y aun con todos los recursos jurídicos interpuestos y pruebas que evidencian la existencia de tortura, violaciones al debido proceso, inconsistencias en la carpeta de investigación, ambos continúan en las mazmorras del Estado.
El expediente incriminatorio contra los presos políticos es armado a modo para justificar las detenciones arbitrarias, es la prueba fehaciente del actuar criminal del Fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, un sujeto que vive para torturar y reprimir a las organizaciones populares amparado en la legalidad burguesa y en las siglas del MORENA.
- Con la ofensiva represiva hacia nuestra organización, el Estado busca detener la lucha por justicia, presentación con vida de los detenidos desaparecidos y por la defensa de la tierra; el móvil de los crímenes cometidos por el gobierno chiapaneco es político, se comete con la intención de detener y frenar el avance de la organización independiente en el pueblo.
También tiene la intención de frenar la lucha por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos y el juicio y castigo a los criminales de Estado, esto se ve claramente en el actuar de las instituciones encargadas de impartir “justicia” porque en vez de detener las agresiones de los grupos paramilitares claramente identificables, investigar las ejecuciones extrajudiciales y dar con el paradero de los desaparecidos, prefiere callar y reprimir a quienes exigimos justicia.
- La Gira nacional contra la represión y terrorismo de Estado cumplió su objetivo, el gobierno de Chiapas queda al desnudo ante el pueblo como lo que es, una administración demagoga y represiva, que utiliza la bandera de la 4T para reprimir a las organizaciones populares y asegurar la reproducción de capital en el sureste mexicano.
La represión no ha cambiado ni con el nuevo gobierno
La gira a su paso por los estados de Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Ciudad de México y Puebla, recogió el sentir del pueblo, platicamos con otras organizaciones, con otras víctimas y todos coincidimos en la necesidad imperiosa de organizarnos y conformar una coordinación para enfrentar al terrorismo de Estado, en tanto que esta política se mantiene incólume a casi un año de gobierno.
- La respuesta del Estado a nuestra actividad política es el cometido de más actos represivos, la muestra es la detención de nuestros compañeros Venturino Torres Escobar y Asunción Gómez Sánchez el pasado 21 de octubre, acto que se presenta como represalias o venganza política del gobierno chiapaneco ante la negatividad de quedarnos callados y denunciar el oprobio contra el pueblo.
Restan cinco años más de esta administración morenista, un lustro de más violencia, ¿Cuántos muertos más, detenidos arbitrariamente o desaparecidos de manera forzada? El FNLS como organización independiente no podemos quedarnos pasivos ante esta realidad, no callaremos ni desistiremos en luchar por justicia y defensa de nuestros derechos.
- El gobierno federal debe responder ante las acciones represivas de sus subalternos, ante los crímenes cometidos bajo su proyecto de la cuarta transformación, el silencio con el que hasta ahora ha permanecido demuestra complicidad y su convalidación ante los ríos de sangre que empiezan a desbordarse desde el sureste del país.
La protesta tiene raíces profundas en la iniquidad que genera el régimen, mientras éste se mantenga inamovible, existirán miles de razones para luchar. Convocamos a las organizaciones populares, organismos defensores de los derechos humanos y a las víctimas del terrorismo de Estado a ejercer nuestro derecho a la protesta, a denunciar cada injusticia que se cometa contra las masas inermes y con ello avanzar a la unidad de todo el pueblo para luchar por la superación cualitativa de las condiciones de oprobio.